Colombia posee múltiples entidades responsables de minería, energía, hidrocarburos, regulación y geociencias. Sin embargo, el país continúa operando bajo una arquitectura institucional fragmentada, donde cada entidad desarrolla parcialmente su propia agenda sectorial, sin una verdadera conducción estratégica integrada de largo plazo.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos administra los hidrocarburos.
La Agencia Nacional de Minería administra la minería.
La CREG regula el mercado energético.
El Servicio Geológico Colombiano produce información geocientífica.
Todas cumplen funciones importantes y necesarias. El problema no parece estar en la ausencia de capacidades técnicas o institucionales, sino en la falta de articulación estratégica entre ellas.
Lo paradójico es que Colombia ya creó la entidad encargada de cumplir esa función. El artículo 3 del Decreto 2121 de 2023 establece que el objeto de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) es “planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos”. La palabra clave es “coordinada”.
La norma no describe un simple centro de estudios; describe un órgano de planeación estratégica integral del sector minero-energético colombiano.
Sin embargo, la percepción predominante es que la entidad ha terminado concentrada en la producción de estudios, escenarios y reportes sectoriales, mientras la coordinación estratégica del sector continúa fragmentada entre múltiples instituciones.
El problema del sector minero-energético colombiano no parece ser la ausencia de diagnósticos. Colombia ha producido abundante información técnica sobre reservas, expansión eléctrica, minerales estratégicos, demanda energética, transición energética e infraestructura. El problema ha sido convertir ese conocimiento en acción coordinada del Estado.
Un ejemplo evidente es el desafío de garantizar energía firme para Colombia. La expansión de nuevas centrales hidroeléctricas, corredores de transmisión y sistemas de respaldo energético requiere decisiones estratégicas de largo plazo que no pueden depender únicamente de dinámicas fragmentadas entre entidades, gobiernos o coyunturas regulatorias.
Colombia necesita definir cómo garantizar energía confiable y suficiente para las próximas décadas. El país requiere responder preguntas estructurales:
- ¿Dónde desarrollar nuevas centrales hidroeléctricas?
- ¿Qué regiones poseen mejores condiciones para generación firme?
- ¿Qué infraestructura de transmisión será necesaria?
- ¿Cómo integrar almacenamiento energético?
- ¿Qué corredores energéticos deberían priorizarse?
- ¿Cómo reducir vulnerabilidades del sistema?
- ¿Cómo coordinar expansión energética con estabilidad territorial y ambiental?
Estas no son preguntas exclusivamente regulatorias o comerciales. Son preguntas de planeación estratégica nacional.
Pero existe además otro componente históricamente subvalorado en Colombia: el papel de la geología y las geociencias como fundamento técnico del desarrollo nacional.
Porque realmente no existe desarrollo minero-energético, infraestructura estratégica ni seguridad territorial sin conocimiento del territorio y del subsuelo.
No hay hidroeléctricas sin geología.
No hay líneas de transmisión sin geotecnia.
No hay minería estratégica sin geociencias.
No hay exploración gasífera y petrolera sin geología.
No hay gestión de riesgos sin geología.
No hay obras estables sin geología.
No hay ordenamiento territorial responsable sin geología.
Colombia ha desarrollado importantes capacidades geocientíficas y técnicas. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento aún no se encuentra plenamente integrado a la planeación estratégica del Estado ni a las decisiones relacionadas con el sector minero-energético.
Ese conocimiento geológico y científico debe consolidarse como una herramienta estratégica para orientar el desarrollo minero-energético, la infraestructura nacional, la gestión del riesgo y la planeación territorial del país.
Por ello, el fortalecimiento de la UPME como verdadero articulador técnico de la planeación minero-energética nacional debería ir acompañado de una integración mucho más estrecha con las capacidades del Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la CREG y las entidades responsables de la planeación, regulación y desarrollo del sector.
El próximo gobierno tendrá que enfrentar decisiones complejas relacionadas con seguridad energética, expansión eléctrica, transición energética, infraestructura y la necesidad de modernizar y fortalecer la competitividad de Colombia. Pero antes de proyectar el futuro minero-energético del país, Colombia necesita resolver una pregunta fundamental: quién está coordinando integralmente la estrategia minero-energética nacional.
La respuesta debería comenzar por desarrollar plenamente el mandato que el propio Estado ya asignó a la UPME mediante el Decreto 2121 de 2023, norma que la define como entidad técnica adscrita al Ministerio de Minas y Energía y le asigna funciones de planeación integral, permanente y coordinada del sector minero-energético colombiano.
La estructuración de esa arquitectura estratégica debería convertirse en una de las prioridades técnicas e institucionales durante los primeros 60 a 90 días del próximo gobierno, bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía y con la articulación de la UPME, la ANH, la ANM, la CREG, el Servicio Geológico Colombiano y las demás entidades responsables del sector.
Por Oswaldo Ordóñez Carmona
Geólogo
Docente Facultad de Minas UNAL sede Medellín
Consejo de Redacción AdP
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